Salvemos el Ega tilda de “atropello” el acuerdo del Gobierno de subvencionar a la Mancomunidad de Montejurra para las obras de abastecer al sur de la merindad

Salvemos el Ega-Ega Bizirik, Sustrai Erakuntza y Urbizi (red en defensa de los ríos) denuncian el atropello de la Dirección General de Administración Local, por aprobar las subvenciones para las obras de la Mancomunidad de Montejurra incluidas en el PSIS anulado por el Tribunal Supremo y sin esperar a las conclusiones del estudio hidrológico encargado por la propia Consejería y sin contar con concesiones de la CHE.
Salvemos el Ega recuerda que el Gobierno financia ese proyecto durante los años, 2018 y 2019, a pesar de que fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo del 1 de febrero de 2017 a raíz de la denuncia presentada por los ayuntamientos de Ancín y Murieta, así como por la fundación Sustrai Erakuntza.
Como consecuencia de la sentencia, la Mancomunidad de Montejurra paralizó la construcción ilegal de los pozos, que no cuentan con ningún tipo de permiso municipal ni concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Por otra parte el Gobierno de Navarra, en cumplimiento del programa del cuatripartito, en marzo de 2017 licitó el estudio hidrológico sobre el impacto de los bombeos en el acuífero de Loquiz y el río Ega, que deberá estar acabado a final de año. Además hay que señalar que el 28 de abril de 2017 se aprobó el ZEC Ega Urederra (Zona de Especial Protección de la Red Natura 2.000) que recoge la necesidad de estimar el caudal mínimo ecológico pendiente de definir por parte del Gobierno de Navarra y la CHE.
Salvemos el Ega manifiesta su sorpresa por la decisión de la Dirección de Administración Local del Gobierno de Navarra de aprobar unas subvención de 3.370.000 € más una reserva de 1.200.000 € para obras contempladas en el PSIS anulado por el Supremo incluidos los pozos de Mendaza que fueron paralizados. Sostiene que se trata de « una incongruencia » por la no existencia de un proyecto de las obras ya que el PSIS ha sido anulado por el Tribunal Supremo ; no tienen concesión legal de agua por parte de la CHE ; y por no esperar a los resultados y conclusiones del Estudio Hidrológico encargado por la misma Consejería, en el cual debe considerarse el caudal mínimo ecológico y las concesiones legales existentes.
La resolución de la Dirección General de Administración Local es, indica en un comunicado Salvemos el Ega, « un atropello y una falta de respeto a las asociaciones y ayuntamientos que defendemos unas extracciones sostenibles que no afecten al sistema acuífero-río Ega y suponen además una situación de indefensión, Es por ello que nos hemos dirigido de nuevo al Defensor del Pueblo y estamos estudiando la interposición de otras medidas legales ». Quiere dejar constancia también de que defiende un abastecimiento de agua de calidad para todas las personas, tal como dice la Directiva Marco del Agua, con un uso sostenible del recurso y la defensa del buen estado ecológico de los ríos y acuíferos.