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El lunes comienza una campaña de vigilancia del consumo de alcohol y drogas

 

Agentes de Policía Foral, Policías Locales de Navarra y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán entre los días 9 y 15 de septiembre una nueva campaña de control y detección de consumo de alcohol y drogas entre los conductores en carreteras navarras. El objetivo de esta iniciativa es bajar del 1% de los positivos de alcoholemia en los controles preventivos realizados.

La realización de estos controles, que se desarrollan en varias campañas a lo largo del año, se ha mostrado como uno de los factores que permite cambiar la actitud de la ciudadanía, en general, y de las personas que conducen vehículos, en particular. Además, se ha contemplado una clara disminución de positivos en los últimos controles realizados.

Se trata de una iniciativa enmarcada en la Estrategia Navarra de Seguridad Vial que establece, como uno de sus trece indicadores, la necesidad de bajar de 1% a cifra de positivos por alcoholemia en los controles preventivos aleatorios.

De este modo, se quiere concienciar a conductores y conductoras que, bajo los efectos de alcohol y drogas, se multiplican los riesgos de sufrir accidentes y de que el consumo de estas sustancias repercute en una mayor mortalidad, por ser un factor con peor pronóstico en las lesiones sufridas.

La tasa legal no es la tasa segura

Entre las conclusiones de estas periódicas campañas de control preventivo destaca que con tasas de alcoholemia dentro de los niveles permitidos legalmente aumenta el riesgo de tener un accidente de tráfico, por lo que la única tasa segura para el manejo de un vehículo es el 0%.

De hecho, una de cada cuatro muertes en carretera en Europa está relacionada con el alcohol, según datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial (ERSO).

Los efectos del alcohol, las drogas y determinados fármacos en la conducción están estudiados y se sabe que provoca un aumento en el tiempo de reacción, una infravaloración de la percepción de la velocidad y problemas de coordinación con tasas de 0,3 a 0,5 g/l; una peor percepción de la distancia, problemas de la visión, con tasas de 0,5 a 0,8; graves problemas de percepción, de atención y coordinación y aumento de la somnolencia, con tasas de 0,8 a 1,5; y a graves problemas de percepción, de atención, de control y coordinación, cuando la tasa se sitúa entre 1,5 y 2,5gramos por litro.

Del análisis de estos estudios y controles se deduce que el riesgo de sufrir algún accidente aumenta según la tasa registrada. Entre 0,3 y 0,5 g/l se multiplica por 2; de 0,5 a 0,8, se incrementa por 5; de 0,8 a 1,5, lo hace por 9; y en el último tramo, de 1,5 a 2,5, llega a multiplicarse por 15.

Asimismo, desde la entrada en vigor de la Ley del Permiso por Puntos, alrededor del 12% de las infracciones sancionadas y del 14% de los puntos detraídos han tenido su causa en la conducción con una tasa de alcohol superior a la establecida. Además, dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados de alguna forma con la ingesta del alcohol.

Distracciones al volante

Como se sabe, la Dirección General de Tráfico hace hincapié en que la persona que conduzca un vehículo debe tomar el volante en perfectas condiciones. No ingerir alcohol ni otras drogas antes de conducir, controlar los efectos de los medicamentos que pudiera haber tomado y evitar las distracciones, con especial énfasis en el teléfono móvil, son pilares fundamentales contra la accidentalidad.

Así, tomando datos del Informe del Ministerio Fiscal, en 2018 se abrieron en España 110.651 procesos penales por delitos contra la seguridad, frente a los 96.303 de 2017.

El 62% de los procedimientos penales cursados tuvieron su origen en el consumo de alcohol o drogas (69.121 actuaciones). Se trata del tipo delictivo contra la seguridad vial que más ha crecido cono respecto al año anterior. Entre los procedimentos, la Fiscalía destaca los 2.013 casos por la negativa de someterse a las pruebas de alcoholemia, casi 200 más que en 2017, que puede ser castigada con una pena de entre seis y doce meses de prisión y la privación del derecho de conducir de entre uno a cuatro años.

 

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