El Ayuntamiento estudiará las posibles responsabilidades patrimoniales de “todas las personas y agentes” implicados en el caso Oncineda, el de la ciudad deportiva
El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma ha anunciado que ha encargado un estudio a un abogado sobre las posibles responsabilidades patrimoniales por parte « de todas las personas y agentes implicados en el expediente Oncineda. Tras ser condenado el Ayuntamiento a pagar 1,7 millones de euros, hemos tenido que actuar y hemos encargado el informe a Josetxo Iruretagoyena, que tiene un gran conocimiento del tema y una experiencia más que justificada ». Así lo ha comunicado, en el pleno ordinario de diciembre, que se ha celebrado adelantado por el Puente Foral, HOY, VIERNES, día 29, de una a 3 de la tarde.
El anuncio se ha producido después de que se votara una moción de EHBildu en la que pedía que se estudie la procedencia o no de exigir « responsabilidades penales y patrimoniales » para las ex alcaldesas María José Fernández, del PSN (2003-07) y Begoña Ganuza, de UPN (2007-11 y 2011-15), por el llamado caso Oncineda, el de la fracasada ciudad deportiva. Ha sido rechazada por los 7 ediles de Navarra Suma y 3 del PSN, con la abstención de Pablo Ezcurra, de Geroa Bai y el voto favorable de los 6 corporativos de EHBildu. El alcalde, Gonzalo Fuentes ha reprochado al grupo abertzale que pidiera un informe de un abogado sin vinculación con los dos partidos que tuvieron alcaldesas, ya que en la pasada legislatura lo encargó a un bufete de un ex concejal de Batasuna en Pamplona.
El alcalde de Estella se ha reunido durante las últimas semanas con el letrado. Ha avanzado que comunicará los resultados y conclusiones del informe.
El portavoz del PSN-PSOE, Jorge Crespo se ha mostrado de acuerdo con el encargo y porque se esclarezca el caso « ya que no tenemos nada que ocultar ». El ex alcalde, Koldo Leoz de EHBildu ha defendido no obstante su moción en la que se centra en el papel desempeñado por las dos anteriores alcaldesas y ampliaba la investigación a las « responsabilidades penales y patrimoniales ».