El Ayuntamiento recurre ante el Tribunal Supremo por el caso Oncineda
El Ayuntamiento de Estella celebró ayer el pleno ordinario de marzo, a las 8 de la tarde, con una quincena de puntos, que se resolvieron casi todos por unanimidad en 40 minutos, como modificaciones presupuestarias para el destino del remanente de tesorería y superávit del año pasado. Todos los grupos políticos, con la ausencia de los no adscritos, Yolan Alén y Javier López, decidieron que el consistorio presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia del caso Oncineda, el de la ciudad deportiva.
La propuesta partió como una moción del tripartito, EHBildu, Ahora-Orain y Geroa Bai, a la vista de que el plazo acaba el día 25 de este mes. El alcalde recordaba que se recurrió contra el precio de 108 euros el metro cuadrado para la constructora Herchi, que suponía un desembolso de casi 1,8 millones de euros. El justiprecio, como se recordará, se rebajó a 43,94 euros el metro, lo que supone un ahorro de más de 1 millón de euros. Con todo, los asesores legales consideran que se puede rebajar esa cifra, si el Supremo atiende el recurso que se presenta ahora.
Los informes jurídicos basan la defensa en la nulidad de los convenios y en el « grave daño » que supone para el interés público y por la »posibilidad de que afecte a un gran número de situaciones similares ». El secretario municipal ha advertido de que el Tribunal Supremo no acepta cualquier recurso, por lo que si no es admitido, podría suponer unos gastos en costas de unos 2.000 euros. En un par de meses se podría saber si sigue su curso.
La concejala, parlamentaria y ex alcaldesa, Begoña Ganuza, de UPN, recordó al tripartito que disponía de argumentos jurídicos para haber presentado recursos en noviembre de 2016 y en enero de 2017. Insinuó que igual no se hubiera llegado al momento actual. UPN pidió que se siga el mismo camino ante la sentencia, que todavía no ha llegado, con la promotora Alhama. El alcalde, replicó que la diferencia era que ahora se dispone del dictamen del Consejo de Navarra que declara nulos de pleno derecho los convenios.
UPN le respondió que uno de los 3 informes jurídicos aconsejaban la presentación del recurso. Koldo Leoz reconoció que no se consideraba que había bases sólidas.